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terça-feira, 27 de junho de 2017

La tasa al azúcar en Cataluña amarga al sector agroalimentario


Cope


Economía

por: JORGE AGUILAR - Madrid

Economía

»   Distintas patronales suman fuerzas para tumbar una medida «discriminatoria y con afán recaudatorio»

La tasa al azúcar en Cataluña amarga al sector agroalimentario
Mantener hábitos saludables no es una característica de la sociedad española. El sobrepeso en España es uno de los problemas a combatir, no en vano es el segundo país de Europa con mayor obesidad y uno de los que más crece en este apartado en el viejo continente. La Organización Mundial de la Salud (OMS), además, alertó este mes de que habrá casi cuatro millones de enfermos de diabetes en 2030 en España. Este mismo organismo recomendó a los países establecer un impuesto sobre las bebidas azucaradas como medida para luchar contra la mala alimentación. El actual Gobierno de Mariano Rajoy ya estuvo cerca de imponer la tasa, pero finalmente el Consejo de Ministros la retiró. Sin embargo, Cataluña siguió adelante con el tributo, que se terminó aprobando el pasado mes de marzo.

El sector de la cadena agroalimentaria no acogió con buena cara el nuevo gravamen catalán y espera que el Gobierno de Rajoy logre echar abajo la medida presentando un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). El incremento del precio que impone el tributo lo deben abonar los operadores logísticos de las empresas que se encargan de distribuir el producto a supermercados y bares, aunque luego será el consumidor final quien lo notará en su bolsillo a la hora de adquirirlo. La tasa se aplica tanto a refrescos como a zumos y néctares, sodas, bebidas energéticas, de té y de café, vegetales o leche endulzadas y aguas de sabores. El incremento del precio de la bebida depende de la cantidad de azúcar añadido que contenga: desde los 8 céntimos para aquéllas que dispongan entre 5 y 8 gramos de azúcar añadido por cada 100 ml, hasta los 12 céntimos para las que superen la cantidad anterior.
Por ello, fabricantes, distribuidores, hosteleros, el sector del gran consumo, organizaciones agrarias cooperativas agroalimentarias y entidades representantes de la industria se han unido para combatir el impuesto. El presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB),Mauricio García, recrimina a la Generalitat esta tasa: «Tendrá un impacto muy negativo para el sector, ya que se trata de una medida muy discriminatoria y con un afán recaudatorio». El Gobierno catalán confía generar unos 40 millones de euros en ingresos este año y llegar a los 70 millones a partir de 2018, números que apoyan la tesis de García, que recalca que «no creemos que la fiscalidad sea la estrategia adecuada para cambiar los hábitos de vida de una sociedad moderna y avanzada como la nuestra». Además, incide en que «ningún alimento es bueno o malo por sí mismo, sino que sus posibles efectos perjudiciales parten de un consumo inapropiado. El problema está en las dietas y en los modelos de vida».

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, coincide en que el sector productor está en contra de esta medida que influirá de forma «negativa» en el sector remolachero español, que encara un año crucial con el fin de las cuotas. «¿Quién dice que mañana no se grava la leche, el yogurt o la carne? Quien ha parido este impuesto no conoce el sector agroalimentario, porque es una aberración y una barbaridad». Del mismo modo, el presidente de la Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES),Aurelio del Pino, matiza que el impuesto «genera distorsiones en las empresas de distribución cuando nuestro Estado funciona con unos criterios de unidad empresarial», y advierte que este tipo de medidas puede fomentar la deslocalización de aquellas empresas afectadas que se encuentren situadas en Cataluña.
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